En muy diversas ocasiones, he afirmado que los componentes de nuestra clase política no tienen un curriculum que los avale para esa actividad.
He dicho que, si se revisan los títulos y masters que dicen acreditar, títulos de los que nunca, nunca, hemos podido ver qué institución los avala y quienes los califican, nos daremos con una piedra en los dientes por lo burros que somos.
He afirmado que su trayectoria personal y profesional conocida, no proporciona soporte a su intención de representar y defender los intereses de la ciudadanía.
He sabido que alumnos universitarios han obtenido copia de los exámenes entregada por los profesores, siempre en función de sus comunes opciones políticas.
Sin llegar a las estructuras tipo empresa que algunas universidades ofrecen para conseguir títulos universitarios - ejemplo, la que aparece estos días en la radio y la tele -, hay otras en las que los acuerdos universidad-empresa permiten la entrega de diplomas a los no titulados.
La empresa desea hacer ofrecer ese acervo como prueba de la profesionalidad que ofrecen a sus clientes. No se requiere presencia académica y la única base que permite la convalidación total del temario, es la experiencia laboral ó el amiguismo de las donaciones.
A éstas alturas del calendario, ya podemos, cualquiera de nosotros, obtener un diploma de lo que deseemos mediante diversas vías utilizando los contactos que ofrece internet. Y sabemos cómo : sólo hay que realizar el pago por adelantado y unos clics al ratón.
En esas condiciones, si un presidente de gobierno actuara como empresario y revisara qué personal tiene para la gestión de sus poderes, se vería en la necesidad de realizar un despido masivo, tanto en los puestos electos como en los de libre designación, tipo director general, secretario, subsecretario, jefe de servicio,...
¿ Y convocaría oposiciones para dotar las vacantes ?
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